La Conservación Fortaleza: Un Legado de Violencia

La Conservación Fortaleza: Un Legado de Violencia

Para conservar la biodiversidad de la Tierra, muchos países están presionando para proteger más áreas terrestres y marinas. Las áreas protegidas, definidas como un “área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación”, abarcan aproximadamente el 16% de la superficie terrestre del Mundo.

Se espera que esta cifra se duplique en el marco de 30X30, una iniciativa global para proteger el 30% de las tierras y los océanos del planeta de aquí a 2030.

Muchas áreas protegidas utilizan un modelo llamado conservación fortaleza, que se basa en la creencia de que la mejor forma de crear estas zonas es sin la presencia humana. Una vez que se establecen estas nuevas áreas protegidas, las comunidades indígenas sufren desalojos y violencia por parte de “guardias ecológicos”. Desde 1990, hasta 250 000 personas en todo el mundo han sido desalojadas de sus hogares para proyectos de conservación. En el último siglo, cerca de 20 millones.

El Parque Nacional Yosemite

El Parque Nacional Yosemite en California fue uno de los primeros parques nacionales y un modelo para el sistema de parques nacionales en los Estados Unidos y en todo el mundo. El presidente Lincoln declaró Yosemite reserva federal en 1864, tras una guerra genocida contra los Miwok que habían vivido en la región durante miles de años.

La guerra en el valle de Yosemite tuvo su origen en la fiebre del oro de California (1849- 1851), cuando decenas de miles de colonos invadieron la región en busca de riquezas. Como consecuencia del así llamado genocidio de California, la población indígena de la zona se redujo de unos 300 000 a solo 30 000 habitantes.

La invasión de los colonos en Yosemite desencadenó una serie de enfrentamientos que culminaron en la Guerra Mariposa (1850-51). Para luchar contra los Miwok, el estado de California financió una milicia, el Batallón Mariposa.

Tras una serie de sangrientas incursiones y batallas que causaron la muerte de docenas de indígenas y la destrucción de sus aldeas, los Miwok se rindieron en mayo de 1851. La mayoría de los supervivientes se vieron obligados a trasladarse a reservas fuera del valle de Yosemite.

En 1890, el conservacionista John Muir lideró un movimiento que declaró el valle de Yosemite parque nacional, allanando así el camino para todo el sistema de parques nacionales de los Estados Unidos. Muir, que fue aclamado como héroe nacional, era un racista que consideraba a los Miwok “extremadamente feos, y algunos de ellos completamente repugnantes”. En una naturaleza tan pura como su sagrado Yosemite, “parecían no tener un lugar adecuado en el paisaje y me alegré de verlos desvanecerse por el desfiladero”.

A pesar de su reubicación forzosa, algunos Miwok permanecieron en el valle de Yosemite o regresaron más tarde, muchos de ellos trabajando en la industria turística. No obstante, sufrieron repetidos desalojos en 1906, 1929 y 1969, cuando el Servicio de Parques Nacionales demolió sus últimas viviendas.

En 2018, el Servicio de Parques concedió a los miembros de la tribu Miwok acceso a su hogar ancestral dentro del parque, donde han construido una casa redonda tradicional y cabañas para ceremonias culturales.

El Bosque de Protección Alto Mayo

El Bosque de Protección Alto Mayo, situado en el norte de la amazonia peruana, abarca unas 700 millas cuadradas y es el hogar de 72 comunidades indígenas Kichwa. Para los Kichwa, el bosque sigue siendo un recurso importante para la caza, la pesca y la recolección de Medicinas.

En 2001, Perú estableció el Parque Nacional Cordillera Azul, seguido cuatro años más tarde por el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, ambos situados en territorio tradicional Kichwa.

El gobierno actuó sin el consentimiento de los Kichwa ni consideración alguna a su conexión ancestral con la tierra y reclamó el control exclusivo de los bosques, lo que provocó tensiones y conflictos violentos.

En 2007, Conservación Internacional, junto con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado de Perú, convirtió la región en un proyecto REDD-plus (Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques).

REDD-plus es un programa administrado por la ONU y el Banco Mundial que permite a gobiernos, empresas agrícolas y comunidades vender créditos de carbono a cambio de evitar la deforestación. El conflicto entre los Kichwa y el Estado se intensificó.

Entre los compradores figuran la empresa minera BHP, Microsoft, United Airlines y Gucci. Hasta principios de 2023, se habían vendido más de 45 millones de dólares en compensaciones de carbono. Walt Disney Co fue la mayor compradora, adquiriendo más de la mitad.

Las selvas tropicales almacenan miles de millones de toneladas de dióxido de carbono en los árboles y el suelo. Cuando los leñadores y agricultores talan el bosque, se libera carbono. Corporaciones como Disney invierten en proyectos como REDD-plus para compensar sus propias emisiones de carbono, como las que producen los cruceros de Disney.

Para animar a la población a no deforestar la tierra, Conservación Internacional ofrece a los residentes “acuerdos de conservación”, que por ejemplo apoyan operaciones sostenibles de Café.

Las rondas campesinas lideran la resistencia contra la apropiación de tierras Kichwa por parte del gobierno. Estos grupos autónomos de autodefensa surgieron en la década de 1970, cuando los campesinos indígenas se organizaron para defender sus tierras y comunidades.

Como parte de su campaña de autodefensa, las rondas han detenido y golpeado a policías y guardabosques que intentaban desalojar a la población indígena. En 2018, el jefe regional de Conservación Internacional se vio obligado a huir.

Hoy, los Kichwa continúan su lucha para defender su cultura y sus tierras.

El Parque Nacional Kahuzi-Biega

La República Democrática del Congo, o RDC, creó el Parque Nacional Kahuzi-Biega en 1970. Ocho años más tarde, lo amplió a las tierras bajas habitadas, forzando así la expulsión de la población indígena Batwa. El gobierno utilizó repetidamente guardaparques armados y soldados para llevar a cabo estos desalojos e incendiar las aldeas indígenas.

Los Batwa, un pueblo seminómada habitante del bosque, se han enfrentado durante décadas a la desposesión, la pobreza, la desnutrición, enfermedades y tasas de mortalidad disparadas como consecuencia de la expulsión de su tierra natal.

El parque fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y empezó a recibir financiación y apoyo de los Estados Unidos y Alemania, así como de organizaciones no gubernamentales, entre las que destaca la Wildlife Conservation Society.

Con el tiempo, el parque se convirtió en una zona protegida militarizada y un destino turístico, conocido por su amplia diversidad de especies de plantas, aves y animales. Para asegurarse de que los indígenas no regresaran al parque, la RDC y las autoridades del parque crearon una “unidad de intervención rápida”, una fuerza militarizada financiada y equipada en parte por la Wildlife Conservation Society y provista de uniformes, radios, tiendas de campaña, raciones y otras formas de ayuda no letal.

También contribuye a la militarización de la región la presencia de grupos rebeldes armados que luchan contra el Estado por el control.

Después de años de negociaciones que apenas produjeron cambios, en octubre de 2018 varias docenas de familias Batwa regresaron a los bosques y establecieron nuevas aldeas con centros agrícolas y culturales.

Esta reocupación de sus tierras ancestrales fue recibida con rápida violencia por la RDC, incluyendo tres grandes operaciones en 2019 y 2021 en las que guardaparques y soldados atacaron a los Batwa con fusiles de asalto, morteros y lanzagranadas, matando y mutilando a decenas de personas.

Las mujeres Batwa fueron violadas en grupo y niños quemados vivos en sus viviendas mientras las tropas gubernamentales incendiaban las aldeas.

Cientos de Batwa han sido expulsados, pero muchos están regresando para reconstruir sus aldeas, enfrentándose a la continua represión de las autoridades del parque y las fuerzas Militares.

El objetivo de estas operaciones es preservar un espacio natural deshabitado para que los turistas y conservacionistas puedan acceder y disfrutarlo, una práctica emblemática de la estrategia de la conservación fortaleza.

Ante el plazo de siete años para proteger otro 14% de las áreas terrestres y marinas del mundo, los líderes indígenas están preocupados: casi el 80% de la biodiversidad que aún queda en el planeta se encuentra en territorios indígenas, que cubren una cuarta parte de la superficie de la Tierra.

“Aunque ampliar las áreas protegidas al 30% es una meta loable, hasta ahora no se han dado suficientes garantías a los pueblos indígenas de que se preservarán sus derechos en el proceso”, dijo José Francisco Calí Tzay, que es Maya Kaqchikel y el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

“Hay que atacar los verdaderos factores que fomentan el declive de la biodiversidad, como la industrialización, el consumo excesivo y el cambio climático. El problema no se soluciona ampliando la superficie mundial de áreas protegidas sin garantizar los derechos de los pueblos indígenas que dependen de esas áreas”.